Introducción

¿Qué hace a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las que viven en contextos de prostitución, vivir en estado de alerta permanente? ¿Qué agudiza hasta la extenuación y recrudece el concepto de vulnerabilidad la vida de estas mujeres, cuando la alerta es global cómo está siendo el caso de la emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad?

La invisibilización, el olvido, la ocultación de las vidas de las mujeres en contextos de prostitución, tratadas o explotadas sexualmente, obligaría a admitir que la esclavitud sigue estando vigente en la actualidad, pero que, además, sostiene la forma de vida normalizada de miles de personas. Obligaría a admitir que forman parte como engranaje de un modelo económico que nadie quiere legitimar,

La sociedad en su conjunto se siente orgullosa de la firma de la carta de derechos humanos, esos derechos humanos que son atributos de todas las personas del mundo, independientemente de su territorio, condición económica, social o personal, y cuyas características son: Universales, inviolables, intransferibles, irrenunciables, interdependientes. Desde este trabajo queremos resaltar tres de ellos:

Artículo 3: Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad.

Artículo 4: Toda persona tiene derecho a no ser sometida a esclavitud

Artículo 25:1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Derechos humanos admitidos, consensuados y aplaudidos, pero no aplicados de manera efectiva en aquellas mujeres que son tratadas y explotadas como meros objetos de uso y desahogo para prácticas sexuales en ningún caso consentidas ni deseadas.

Las mujeres en contextos de prostitución, tratadas o explotadas sexualmente forman parte del mundo, pero una parte que no queremos mirar ni hacer real, pero que existe y en el que sobreviven a diario. Se han convertido en buscadoras de recursos casi inexistentes en la cotidianidad del resto de la sociedad, en supervivientes con recursos limitados. El estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria, no va con ellas. Su vida es un estado de alarma permanente.

De este modo, en los siguientes apartados se hace una síntesis de las dificultades añadidas que han tenido que afrontar, a raíz de la situación de crisis sanitaria mundial y confinamiento, las mujeres en contextos de prostitución y/o situación de trata con fines de explotación sexual.

Metodología

Este artículo ha sido realizado mediante una aproximación cualitativa, basada en la propia experiencia de las profesionales. A pesar de la brevedad temporal del confinamiento, han sido meses de extrema intensidad, por lo que, a través del enfoque etnográfico, logrado a partir la observación y la intervención directa con las mujeres en contextos de prostitución y/o situación de trata con fines de explotación sexual, hemos sido conocedoras de la situación en la que se encuentran estas mujeres. Esta observación ha sido, principalmente, participante, siendo nosotras actoras del contexto, y parte activa dentro del mismo.

De igual forma, el apartado referido al contexto sociopolítico dentro de la ya denominada “crisis del covid”, realiza una revisión jurídica mediante la síntesis de las diferentes respuestas gubernamentales y respuestas que el Estado español ha planteado frente a la situación generada, mediante métodos de revisión documental.

En lo que respecta a la metodología empleada en el apartado de la parte demandante, en la que se recogen testimonios y opiniones de los denominados comúnmente como “puteros”, se ha realizado una revisión exhaustiva en diferentes foros de internet, agrupándose las opiniones vertidas en función de la temporalidad respecto de la crisis sanitaria (antes, durante, y en el desconfinamiento), en torno a diferentes ítems: demanda de sexo de pago, alternativas o nuevas modalidades de servicios sexuales, opiniones relativas al virus y sus implicaciones, y cuestiones de índole económica.

Tabla 1

Descripción de los foros analizados.

Foro Fecha Página web
F1 JUNIO 2020 https://spalumi.com/
F2 JUNIO 2020 https://www.slumi.com/escorts/madrid/foro-spalumi
F3 JUNIO 2020 https://www.pasion.com/contactos-mujeres-en-madrid/foro.htm
F4 JUNIO 2020 https://sexforos.com/
F5 JUNIO 2020 https://www.sexomercadospain.com/
F6 JUNIO 2020 https://www.foros24h.com/381/foro-putas/
F7 JUNIO 2020 https://foropl.com/threads/para-ocultar-el-foro-putas-lumis-por-el-mundo-y-gayolas.80911/
F8 JUNIO 2020 https://www.sexomercadomadrid.com/
F9 JUNIO 2020 https://esaschicas.com/

Como se puede apreciar, se trata de páginas web de intercambio de opiniones en formato foro, en las que no es necesario ningún requisito de registro o similar para la lectura, aunque sí para aportar opiniones. En todas ellas se ha tratado de revisar, por delimitar el contexto analizado, foros e hilos referidos a los contextos de prostitución en Madrid, lugar en el que se de manera habitual desarrollamos nuestra labor profesional. Si bien aparecen hasta nueve foros diferentes, es importante destacar que no se ha obtenido información de todos ellos, ya que no todos vertían opiniones relativas al contexto de pandemia que pretendíamos analizar.

Antecedentes jurídicos: Análisis sociopolítico desde los derechos fundamentales

El Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005 (Convenio de Varsovia) y el Convenio europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul), obligan a los Estados parte a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y dar respuesta a las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Nos hacemos eco de los derechos fundamentales acordados y reconocidos como tal en España, y una vez más por los que tienen que velar las políticas que se desarrollen en el territorio. En esta ocasión es relevante mencionar los siguientes: Derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a la dignidad humana, al honor y a la intimidad, derecho al trabajo, derecho a la protección a la salud, derecho a una vivienda digna…

Ninguno de estos derechos es disfrutado por las mujeres tratadas o explotadas sexualmente en el mundo al que no queremos mirar ni hacer real, pero que existe y en el que sobreviven a diario. Se han convertido en buscadoras de recursos inexistentes en la cotidianidad del resto de la sociedad, en supervivientes con recursos limitados. El estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria, no va con ellas. Su vida es un estado de alarma permanente.

En la situación actual, en la crisis sanitaria mundial y su consiguiente emergencia social por la COVID19, se han puesto en marcha medidas concretas para paliar este estado de alarma, para desempolvar esos derechos fundamentales y que se hagan reales.

Con fecha 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con el fin de arbitrar un conjunto de medidas que permitieran paliar, en cierta medida, la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19.

De manera especial, tres de las medidas aplicadas en este decreto afectaron a las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y/o explotación sexual.

Algunas mujeres que estaban trabajando en diferentes puestos de trabajo fueron suspendidas de contrato o reducción de jornada[1]. La realidad es que la cuantía económica por ERTE llegó tarde a muchos de los hogares. Por lo que algunas de las mujeres, se vieron en la obligación de demandar apoyo en necesidades básicas y pago del alquiler. Además, aquellas mujeres que estaban trabajando de manera temporal fueron casi todas despedidas, por lo que pasaron a encontrase en una situación de desempleo. Además de la situación de precariedad económica en la que se quedaban aquellas que se vieron privadas de sus empleos, merece la pena también hablar de aquellas que los mantenían, pero para las que no se articularon las medidas de conciliación necesarias para que pudieran compatibilizar su vida profesional con la familiar, por lo que tuvieron que elegir entre su trabajo o los menores que tienen a su cargo, ya que la opción recogida por la normativa era la reducción de jornada hasta el 100%, con la consiguiente reducción del sueldo.

Este decreto también señalaba servicios esenciales las residencias de mayores, centros sanitarios, sociales[2] etc. Muchas mujeres nos refirieron que habían sido contratadas en residencias de mayores, en hospitales y en Ifema, por lo que también nos gustaría destacar que muchas de ellas han sido fundamentales a la hora de cubrir los servicios esenciales.

El Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, en su art. 3.1, establece que las Administraciones Públicas competentes garantizarán el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

A raíz de este real decreto se ha desarrollado un plan de contingencia para frenar los efectos psicosociales de la emergencia sanitaria en mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y en contextos de prostitución. La intención está, pero la maquinaria es lenta y a fecha de cierre de este artículo, las medidas aún llegan con cuentagotas. A pesar de que se han creado sistemas de protección, han sido excluyentes una vez más para mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y no cumplen con el perfil “ideal” de víctima de violencia de género, trata o explotación sexual. Son sistemas de protección que, pese a lo alarmante de la situación, están respondiendo de manera lenta o se han instaurado más tarde de lo esperado. El coste: mujeres invisibles en un estado de alarma permanente.

El 30 de abril entraba en vigor la Orden TMA/378/2020, que establecía que las entidades de crédito ofrecerían ayudas transitorias de financiación, para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad social y económica, como consecuencia de la expansión del COVID-19.

Esta medida, pese estar dirigida a hogares que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad social y económica imponía muchos requisitos que eran excluyentes para mujeres y familias que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. En primer lugar, se solicitaba un año de residencia legal anterior a la solicitud, por lo que todas aquellas mujeres y sus familiares que estaban en situación administrativa irregular ya no podían solicitarla. En segundo lugar, establecía que el cese de la actividad laboral, estar en ERTE o la situación de desempleo fuese consecuencia del Covid19. Con lo que muchas de las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y/ o explotación sexual, no entraban dentro de estos marcos. En tercer lugar, solicitaban empadronamiento. Requisito que parece siempre indispensable para cualquier prestación económica y que, pese a ser un derecho, siempre excluye a las personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables. Es bien sabido por parte del sector social que no todas las mujeres pueden empadronarse en las viviendas en las que residen y que, además, algunas de ellas, comparten domicilio con otras personas. Por último, solicitaban contrato de arrendamiento, otra realidad a la que muchas mujeres no pueden acceder. De hecho, muchas de las personas arrendatarias se aprovechan de su situación para no hacerles contrato de alquiler, con el objetivo de extorsionarlas en las condiciones en materia de vivienda.

Por último, el 29 de mayo se establece el ingreso mínimo vital, que entró en vigor el pasado 15 de junio. Hasta la fecha, y a falta de reglamento que lo desarrolle, todavía no existe una normativa que lo regule con indicaciones claras, pero a través de la página de la seguridad social han puesto un simulador para aquellas personas que quieran solicitarla, si bien es cierto que no contempla la variedad de situaciones a las que nos podemos enfrentar.
Las oficinas de la seguridad social están todavía cerradas, por lo que es difícil aclarar algunas de las cuestiones en relación a los requisitos. La solicitud, en principio, sólo se ha podido presentar por vía telemática, sin ser necesario para ello estar en posesión del certificado digital. Teniendo en cuenta que no todas las mujeres disponen de ordenador o acceso a internet, esto se convierte en un problema añadido a la hora de poder solicitar la prestación, más teniendo que cuenta que no se conoce una dirección postal a la que se pueda enviar la solicitud de manera física,
Uno de los requisitos indispensables para la solicitud de esta prestación es la necesidad de residencia legal durante un año anterior a la solicitud, lo cual excluye a muchas de las mujeres en contextos de prostitución. No obstante, se ha establecido la exención de este requisito para las mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual, sin que exista hasta la fecha una alternativa para las que no son víctimas de estos delitos y se encuentran en situación administrativa irregular.

Por otro lado, una de las preocupaciones que también se prevé que influirán al colectivo de mujeres, es el requisito del empadronamiento, ya que como ya se ha comentado anteriormente, muchas de ellas no se encuentran empadronadas, o lo están en hogares donde existe un alto número de empadronamientos colectivos.

La demanda del ingreso mínimo vital ha sido muy alta en la última semana y se estima que llegará a muchas mujeres en situación muy vulnerable, si bien es cierto que muchas de ellas también se quedarán fuera por los requisitos.

Clientes: la pieza clave del engranaje del sistema

Para comprender los contextos de prostitución, en general, es necesario poner el foco en la parte demandante -habitualmente conocida como “clientes”[3]-. En la situación actual de pandemia mundial es preciso conocer cómo los demandantes están actuando, si se han producido variaciones en la demanda, y el impacto que estos cambios está teniendo en las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en estos contextos durante esta situación excepcional. Para ello, además de escuchar los relatos de las propias mujeres, hemos realizado una lectura de algunos de los foros existentes en Internet, para los que, en general, no hay requisitos de acceso, excepto aceptar que eres mayor de edad.

En los testimonios encontrados, al inicio de la declaración del Estado de Alarma se aprecia cómo la preocupación por la situación, y en especial, el riesgo a contagio, es explícita entre muchos de ellos. Se dividen entre quienes aconsejan no acudir a estos espacios por responsabilidad, y quienes, aunque dicen no acudir, su mayor inquietud es consultar al médico para conocer riesgos reales, reclamar información y protocolos para evitar el contagio. Aun así, en esta primera fase, aunque se anime a no acudir, se fantasea con cuándo se retomará la actividad, y en qué situaciones.

En los testimonios encontrados, el riesgo al contagio es para ellos, para sus familiares, y para la población en general. Pero nunca para las mujeres que, independientemente de la situación, se encuentran en contextos de prostitución. Es más, a las mujeres las identifican como vectores de transmisión: “si una mujer recibe a X clientes, luego esos clientes pueden contagiar a un número exponencial de personas”. Pero nunca se plantean que ellos mismos son vectores de transmisión y contagio.

Según avanza el confinamiento, se percibe cómo la demanda va aumentando, pasando la preocupación por la situación de la pandemia a un segundo plano, y comenzando a elucubrar cómo será la vuelta. Incluso se analiza cómo se enfrentarán las mujeres a esta nueva situación, en muchas ocasiones, con lenguaje de libre mercado: “cómo la oferta es más limitada, pueden subir los precios”, frente a quienes consideran que los precios se van a desplomar, aumentará la oferta, la demanda se verá afectada…

Refieren ser conocedores de la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran la mayoría de las mujeres, y aportan datos que así lo confirman: situaciones de extranjería irregular, necesidad de mandar “remesas”, de cubrir gastos, ausencia de seguros sociales para ellas, e incluso, muchos reconocen que algunas “habrán sobrevivido gracias a la ayuda de algún putero protector”.  Pese a conocer estas situaciones, se tiende a criminalizar a las mujeres que hayan podido seguir ejerciendo, aun sabiendo de sus necesidades para sobrevivir. Hacía sus coetáneos, otros clientes que siguen acudiendo, en ocasiones se refieren a ellos de manera negativa, pero se percibe que de una manera mucho menos sancionadora que a ellas. En varios testimonios se habla explícitamente de “castigar a las que están ejerciendo, no recurriendo más a ellas”, “se merecen penalizaciones”, pero no utilizan el mismo lenguaje para ellos, incluso justificándolos en algunas ocasiones, “están mal de la cabeza”, o directamente ni se refieren a ellos.

Pese a que en algunas de las páginas donde se registran estos foros se mandan mensajes para alentar el consumo de cibersexo como medida para evitar encuentros, y de hecho se aprecia cómo han aumentado los anuncios de este tipo por parte de las mujeres, en general muestran desagrado con estas prácticas porque “no son lo mismo”. En algunos de esos anuncios, se especifica por parte de las mujeres que no se les permite grabarlas. Y ya se empiezan a escuchar casos de mujeres que han realizado estas prácticas, y luego se han visto extorsionadas por los clientes que las han grabado, y amenazado posteriormente con difundir sus imágenes.

Existe preocupación con el nivel adquisitivo que van a tener con la previsible crisis económica que se avecina, y hacen referencia a que “se tendrán que adaptar precios”. Lo relacionan también con el Ingreso Mínimo Vital anunciado, del que creen que algunos clientes podrían ser perfil receptor, y del cual, destinarían una parte a “servicios sexuales”. Igualmente, opinan sobre las mujeres como posibles receptoras de este Ingreso, y valoran si las mujeres con quienes suelen quedar habitualmente pueden o no ser perfil para percibirlo. En general, les preocupa que al ser un partido declarado abiertamente abolicionista el que se encuentra en el Gobierno, puedan generar alternativas para que haya mujeres que abandonen el ejercicio, aunque incluso aquellos comentarios en los que se puede percibir cierta empatía hacia la situación de las mujeres, se realizan en un tono paternalista y de superioridad “las pobres”.

Frente a la llegada de la Fase I, se aumentan cada vez más los comentarios acerca de cómo se producirá la desescalada en estos contextos. Existen comentarios que vuelven a demandar información de protocolos, lo cual resulta llamativo, pues parecen mostrar más interés por el uso de mascarillas, que el que llevan mostrando desde hace años por el uso del preservativo para evitar ITS´s. Aunque existan estos comentarios, la gran mayoría son relacionados con seguir elucubrando con el tema de precios y perfiles de mujeres que seguirán en estos contextos tras la pandemia. Buen número de ellos considera que muchas mujeres nacionales y no racializadas acudirán a estos espacios como forma de sobrevivir a la crisis económica que se avecina. Se aprecia un trasfondo racista, misógino y clasista en estos comentarios: efectivamente un alto porcentaje de mujeres en estos contextos son extranjeras y racializadas, y parece que les gusta la idea de que otro perfil que consideran más “nacionales” puedan verse en la necesidad de ejercer; se reconoce cierto disfrute en que mujeres que anteriormente no hayan ejercido, se lo puedan plantear; y clasista por comentarios como “chonis que trabajaban en la costa de camareras, relaciones y gogós, algo tendrán que hacer para ganar dinero”. Aun así se percibe el enorme estigma que tienen frente a la prostitución; siendo uno de los agentes de máxima responsabilidad ante esta realidad, diferencian enormemente entre las mujeres que se “dedican a esto, o se lo plantean”, y las que jamás se les pasaría por la cabeza, como haciendo así una división entre mujeres buenas y mujeres malas.[4]

Tras estos meses de Estado de Alarma y confinamiento, ahora que parece que se vuelve a retomar de forma más habitual el uso de estos espacios, los clientes coinciden -y disfrutan- del más que probable panorama que se vislumbra: conocedores de las situaciones de necesidad a las que se enfrentan las mujeres, prevén un desplome de precios del que esperan beneficiarse, y llegan incluso a plantear el intercambio de alimentos por favores sexuales[5].

Incluso, se aboga a que el “lobby putero” sea fuerte y actúe conjuntamente para poder imponer precios. Situación que recuerda mucho a la vivida tras la anterior crisis económica en España, y tras la cual, las mujeres se vieron obligadas a reducir precios, además de que la negociación del uso del preservativo aumentó considerablemente, ante la demanda de muchos clientes de realizar prácticas sexuales sin métodos de prevención, hecho que, en estos foros ya está comenzando a generar expectación.

La otra realidad: discriminaciones múltiples y resiliencia

Históricamente, el hecho de ser mujer nos relega a una especie Estado de Alarma vitalicio. Por eso cuando el pasado 14 de marzo se declara oficialmente por el gobierno, las mujeres añadimos los términos “pandemia” y “confinamiento” a nuestras vidas. Ante la nueva situación sanitaria, se inician unos meses de confusión, angustia y desamparo, que lejos de desaparecer en las fases de desescalada aumentan la escalada de desprotección. Está pandemia que nos atraviesa a todas, lo hace de manera perversa con las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

A mediados de marzo todavía eran muchas las que, en pleno pico de pandemia, seguían ejerciendo la prostitución, poniendo en riesgo su salud integral y la de sus familiares. Ante esta realidad, de nuevo, el sistema se ceba con las mujeres en situación administrativa irregular, teniendo dificultades para ser atendidas en los centros de salud y remitiéndolas directamente a los hospitales por no tener tarjeta sanitaria o código DAR.

Las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y/o trata, en un número importante de casos, están presentando dificultades para acceder a las prestaciones del sistema bienestar y protección social, lo que ha llevado a entidades y Ongs especializadas a una situación de desborde, que no pueden sostener, ni cubrir. La desprotección, y la falta de medidas reales, está teniendo como resultado un impacto terrible para la salud a nivel integral de las mujeres.

Durante el primer mes, la principal demanda ha sido la cobertura de necesidades básicas. Esto pone de manifiesto la situación tan vulnerable en la que se han podido encontrar muchas mujeres y sus familias. A la ausencia de ingresos por la imposibilidad de ejercer, hay que sumar el desconcierto respecto a los colegios y cuidado de los menores a cargo, -por no mencionar la brecha digital y las dificultades que muchas mujeres presentar a la hora de ayudar en las tareas escolares de sus hijos e hijas-, la dificultad y el miedo por acceder a ciertos servicios y el colapso total institucional, que si a nivel sanitario se reflejaba en las UCI´s, a nivel social tenía su claro reflejo en el acceso a servicios sociales básicos.

Durante el segundo mes, además de dificultades para acceder a necesidades básicas, nos encontramos ante muchas dificultades para poder pagar el alquiler de la vivienda, que escalan las situaciones de violencia generadas por la vulnerabilidad residencial -mujeres que tienen que irse a vivir con clientes, convivir con el agresor, dueños de piso que abusan de las situaciones en las que se encuentran…-., lo cual propicia un aumento del riesgo para las víctimas de trata y explotación sexual, especialmente.

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres es la paralización de sus procesos de salida de su situación, especialmente duro en casos de trata y/o explotación sexual, puesto que  los proxenetas han encontrado un momento “ideal” para aumentar la cantidad de las deudas por alojamiento y manutención, entre otras, Todo ello, envuelto en una falsa apariencia de protección, debido a que son las únicas personas que están ofreciendo una respuesta rápida a su demanda de necesidades básicas, permitiéndoles quedarse en clubs, hoteles y habitaciones de ejercicio a costa de aumentar la deuda, prolongando así la estancia de las mujeres en un futuro en estos lugares, lo que las deja en una situación de extrema vulnerabilidad y con dificultades para acceder a los servicios externos y especializados.

En muchos casos, el estado de alarma está empujando a muchas mujeres a posibles situaciones de calle por no poder pagar la habitación, o porque su habitación y el lugar de ejercicio era el mismo y tienen que decidir -las que hayan tenido esta opción- si continuar ejerciendo o marcharse de ahí. Es reseñable el número de mujeres que han realizado demanda de alojamiento como alternativa la prostitución.

No son casos aislados. Son mujeres reales. Son vidas reales. Nos encontramos que, aunque el sistema es cruel, las mujeres se sobreponen una vez más a la situación y están por encima de ella.

Es el caso de S., trabajando actualmente en un Hospital de la Comunidad de Madrid. O el caso de H., que ha trabajado en Ifema mientras ha permanecido abierto. También hablamos de C., que se dio cuenta que no quería pagar deuda y solicitó una vivienda alternativa de protección, o de M. que, a pesar de estar sola en España, y no tener redes de apoyo, ayuda a sus otras compañeras y les pasa la información relevante que recoge. Son S. y sus compañeras de piso y otras amigas, que han ido repartiendo el apoyo en necesidades básicas que recibían entre todas. Karla, Isabela, Loveth, Joy y muchas mujeres más, que nos han contactado para solicitar información sobre cómo ayudar “en lo que se pueda” en esta pandemia.  Y muchos otros nombres de mujeres reales, demandando empleo y apoyos para salir de su situación.

Irene es una mujer racializada de 22 años víctima de trata con fines de explotación sexual, solicitante de protección internacional. Irene se ha puesto en contacto para solicitar ayuda para comer y para trabajar. Lleva mucho tiempo buscando alternativas. Comenta que al no poder obtener el dinero que le exigen, la presión ha aumentado, así como sus deudas. Irene no cuenta con ningún tipo de ingreso, por lo que no está pagando ni a la mafia, ni su habitación, ni puede cubrir sus necesidades más básicas. Ha tenido mucha dificultad para recibir apoyo para necesidades básicas, ya que no cumple requisitos de prioridad. Desde los Servicios Sociales la llamaron, “me preguntaron muchas cosas sobre mi vida, que yo no quería contar, no puedo. Yo solo quería comida”. Han sido las agrupaciones del barrio la que le han apoyado en este sentido. Todavía no sabemos si Irene podrá cobrar el ingreso mínimo vital.

Marlene y su hijo de 14 años, en pleno mes de marzo, tuvieron varios intentos de expulsión de la habitación por parte de la pareja propietaria del contrato de alquiler de la vivienda donde residían, por falta de pago. La situación era extrema, ante la dificultad de poder encontrar un recurso de alojamiento para ella y su hijo, ya que este tiene una edad para la que no se suelen ofrecer plazas en los recursos de alojamiento. Pasó más tiempo del necesario (y mucha violencia hacia ambos) hasta que se encontró una alternativa. Marlene es superviviente de trata en proceso de recuperación de su vida. Una luchadora nata. Finalmente, ambos se encuentran en un lugar seguro.

Daniela se marchó a vivir con un cliente que la obligó a estar en régimen de esclavitud. “Llevaba años diciéndome que me iba a tratar como a una reina y lo que tenía en casa era peor, así que me fui con él”. Tras una llamada a su trabajadora social, y mucha fuerza por su parte, Daniela salió de esa casa. Cuando iba a entrar al recurso de alojamiento, decidió retomar la relación con “su pareja”.

A Juana la pilló el estado de alarma en el piso donde había comenzado a ejercer para pagar la deuda que tenía por el viaje. Manifiesta abiertamente detestar el ejercicio de la prostitución, por lo que cuando vio la situación rápidamente llamó al equipo social que acudía al piso, solicitando apoyo para salir de allí.

Janna, mujer de 37 años racializada, en contexto de prostitución desde hace aproximadamente nueve años. Migrante. Contrae Covid en el mes de marzo, y es ingresada durante semanas en el hospital. Cuando le dan el alta, se encuentra en su casa, sin apoyos, sin ingresos, sin fuerzas, y sin poder cubrir sus necesidades básicas. Tras muchos esfuerzos recibió su bolsa de comida en mayo. Actualmente, y tras dar negativo en Covid19 varias veces, está dentro de varios procesos de selección para trabajar en residencias de personas mayores “ahora hay ofertas, puede ser una buena oportunidad”.

Doña Mercedes tiene 62 años, y se encuentra en situación administrativa irregular. Ha estado recibiendo clientes en su casa durante el estado de alarma, porque es su única fuente de ingresos. Esto está provocando en ella un aumento de episodios de ansiedad y depresión, tiene pánico a contagiarse.

Son mujeres sin muchos privilegios, o con ninguno. Sin masa madre, ni bizcochos, ni clases online para sus menores. Mucho menos con piscina, pero con una resistencia y fortaleza que puede hacer pensar que el Dúo Dinámico cuando escribió su canción pensó en la realidad de las mujeres en contextos de trata y prostitución. y en permanente Estado de Alarma.

La intervención social adaptada al confinamiento

Durante el confinamiento las profesionales del ámbito social nos hemos visto ante una situación extraordinariamente compleja nunca antes vivida, que nos ha puesto en muchas ocasiones en una situación límite, teniendo que recurrir a grandes dosis de iniciativa, improvisación y rápida adaptación a las nuevas circunstancias.

Al inicio del confinamiento, nos sumamos a la sensación de confusión e incertidumbre ante la nueva realidad. El primer paso fue acondicionar nuestros espacios personales y familiares a nuestro trabajo. Esta coyuntura ha sido compleja puesto se han entremezclado la conciliación familiar con la profesional. La necesidad de adaptar rápidamente todos los medios electrónicos disponibles en nuestros hogares, y de accesibilidad a programas informáticos determinados; el establecimiento de horarios y rutinas adaptadas a toda la familia, en la que muchas de nosotras hemos tenido que ser madres, profesoras, amas de casa y profesionales del ámbito social, sin dejar de lado la falta de recursos existentes en ese preciso instante; ha supuesto un arduo trabajado de adaptación y, sobre todo, de trabajo en equipo, ya sea a nivel profesional o familiar.

Tras ese primer impacto, tuvimos que reinventarnos para poder generar vías de comunicación y coordinación con las usuarias que atendemos y el resto de compañeras. La tecnología ha estado presente durante toda la situación de confinamiento.  Además de aprender nuevas herramientas de trabajo, hemos tenido que adaptar nuestras intervenciones y coordinaciones a la vía telefónica. Cuando trabajas en el ámbito de lo social, es enrevesado este tipo de herramientas puesto que resulta más difícil no ver a la otra persona, entender su mensaje y emociones y captar los mensajes no verbales. Pese a todas las circunstancias, y los límites de pantalla y/o teléfono ha habido una realización humana, más personal. La complicidad y apoyo mutuo entre profesionales han sido fundamentales para sobreponernos a la situación.

Durante estos meses, en general, se ha notado un alto nivel de agotamiento mental, debido, sobre todo, a la gran necesidad de actualización constante. Constantemente aparecían nuevas iniciativas ciudadanas, recursos de emergencia, directrices gubernamentales, nueva legislación, y sobre todo información en cantidades tan elevadas que era difícil de procesarlo. La necesidad de dirimir qué informaciones eran ciertas y cuáles falsas, de generar una nueva base de recursos sociales que funcionase durante el confinamiento, y la alta demanda de las mujeres, unido a la situación de estrés generalizada que sentía la población, no ha hecho sino acrecentar nuestra carga mental durante este periodo, en el que también, a ratos, nos hemos sentido en constante estado de alarma.

Estos meses, el impacto ha sido de tal magnitud en la vida de las personas, y en concreto para las mujeres con las que trabajamos que nos hemos visto desbordadas. Por un lado, hemos tenido que lidiar con la frustración e impotencia de un sistema colapsado, instituciones que no respondían, recursos saturados, número elevado de demandas etc. Hemos tenido la sensación de falta de directrices y protocolos claros desde las administraciones públicas, así como una clara regresión a la intervención asistencialista, más enfocada a la cobertura de necesidades básicas que a la intervención mediante procesos con objetivos y metas previamente establecidas.

La situación altamente preocupante de que las mujeres no pudieran acceder a necesidades básicas nos ha generado mucha impotencia y sobrecarga emocional, ya que como profesionales del ámbito social entendemos que un derecho tan básico como es el acceso a necesidades básicas de manutención debería estar garantizado desde los poderes públicos, máxime en una situación de excepcionalidad como la vivida.

Esta pandemia ha puesto de manifiesto los tiempos: de espera, de trabajo, de intervención, de atención y de respuesta, con los que hemos podido lidiar a base de perseverancia y paciencia. También, hemos aprendido que, lejos en la distancia hemos estado más cerca que nunca.

Conclusiones

Los contextos de prostitución marcan nuestra vida, vaya que, si marcan, pero no solo eso. Las vidas de la mayoría de las mujeres que se encuentran en esta situación están atravesadas por múltiples identidades y circunstancias, y la mayoría de estas últimas, bastante injustas. Estas, son las que alimentan su situación de vulnerabilidad, su situación de alarma. Estamos hablando de migración, de situación administrativa, racializadas, edad, maternidades, identidad sexual o de género, violencia en la pareja y un largo etc. A pesar de todo, nos hemos encontrado mujeres luchadoras, mujeres empoderadas, mujeres que han demostrado tremendos niveles de sororidad y comprensión entre nosotras. En general, ha habido mucha demanda de búsqueda de alternativas de empleo, y muchas de manera positiva, lo cual denota una vez más la capacidad de resiliencia de este colectivo.

Respecto a la situación de la parte demandante, queda patente que el análisis de la situación desde su punto de vista confirma, de lejos, muchas de las hipótesis que había al respecto. En este sentido, sin ir más lejos, el análisis de la situación que realizan desde la perspectiva económica deja patente que son plenamente conscientes de las situaciones de necesidad y extrema vulnerabilidad que presentan las mujeres en contextos de prostitución.

Es especialmente reseñable como, una vez más, de sus discursos se extrae la relación, muy arraigada en el imaginario colectivo, de la prostitución con lo “sucio”, lo degradado, con aquello que contagia, pero en lo que la parte demandante no parece tener responsabilidad alguna.

En relación al respaldo gubernamental surgido a raíz del confinamiento para mujeres en contextos de prostitución, mucho se ha hablado del ingreso mínimo vital y otras ayudas que, finalmente y a pesar de la repercusión mediática que han tenido estos meses, no son de aplicación para este colectivo, como probablemente no lo será para muchos otros. El establecimiento de los requisitos para la concesión de estas ayudas no ha contemplado las particularidades concretas de las mujeres, por lo que la gran mayoría de ellas no han podido acceder a las mismas.

Es el caso de las ayudas al alquiler, el plan de contigencia o el propio Ingreso Mínimo Vital, que como se ha comentado anteriormente, y aún a falta de conocer el reglamento completo de solicitud de este último, establecen requisitos para el acceso que bajo ningún concepto se corresponden con el perfil de población con el que trabajamos, como pueden ser la residencia legal en España, el empadronamiento o que la situación de precariedad o vulnerabilidad económica haya sido provocada por el Covid19.

A nivel profesional, estos meses han sido también determinantes para reinventar la profesión. Tras la declaración del estado de alarma, muchas nos hemos visto empujadas a una situación que no imaginábamos que podría llegar a ser posible: la intervención social a distancia. Sin embargo, el alto volumen de demanda de atención, así como la situación de necesidad extrema de las mujeres, ha hecho que tanto ellas como nosotras hayamos descubierto una nueva manera de trabajar, en la que los teléfonos y el correo electrónico han sido parte imprescindible del día a día.

Si algo positivo ha tenido esta nueva metodología de trabajo, sin duda, ha sido la facilidad para la coordinación, la comunicación y la intervención conjunta, ya que en este periodo las personas que trabajamos en el ámbito de la intervención social hemos estado más accesibles a otros profesionales. Esto puede ser debido a que se ha trabajado sin citas presenciales con las personas usuarias, o a que, en general, estábamos más pendientes del correo electrónico y las llamadas telefónicas de lo que habitualmente podemos estar. Ha sido fundamental la coordinación y apoyo entre diferentes recursos y entidades, demostrándose en este aspecto una consecución de los objetivos de manera conjunta sin precedentes.

En cualquier caso, es innegable que, a nivel profesional, hemos tenido que reinventar no sólo los métodos, si no también la manera de intervenir. Así, tras meses de estancamiento social continuado, ahora toca volver, en muchos casos, al punto de partida inicial en los procesos de intervención de las mujeres, pues han sido muchos los procesos paralizados de manera abrupta: procesos de selección suspendidos; aumento de deudas por alquileres; paralización de los plazos administrativos y, por tanto, de concesiones de permisos de trabajo; suspensión de acciones formativas…

Para muchas de estas mujeres, esta crisis ha supuesto un punto y aparte al ejercicio de la prostitución. Tras varios meses sin ejercer, muchas han tomado una decisión que marcará sus procesos, y para la cual, como profesionales, debemos acompañarlas en el reto del trabajo social post pandémico.

Agradecimientos

A todas aquellas mujeres que nos han enseñado a adaptarnos, a crecer desde la distancia y a reinventar nuestra profesión en estos momentos de extrema dureza para toda la ciudadanía, pero especialmente, para ellas. Gracias por creer en nosotras incluso detrás de una mascarilla.

Autoras

Blanca Bordallo Pastor, Belén Cano López, Marta Jiménez Romero, Leticia Martínez Bartolomé e Isabel Pelaz Rodríguez. Asociación Trabe.

Artículo publicado en la Revista del Consejo General del Trabajo Social de Madrid “Servicios Sociales y Política Social” en el número Monográfico: Trabajo Social vs Covid-19.