El martes 22 de junio de 2021 tuvo lugar la jornadaLa realidad de las personas en situación de trata y la nueva estrategia europea de lucha contra la TSH”, organizada por la Asociación Trabe y la Fundación Fernando Pombo para enmarcar la presentación del informe Una aproximación a la realidad de las mujeres en situación de trata.

La inauguración del acto corrió a cargo de Carmen Pombo Morales, directora de la Fundación Fernando Pombo, y de Lidia García Alises, representante de la asociación Trabe. En la jornada participaron las coautoras del informe, Cristina Turégano Castellanos, antropóloga social y trabajadora social, y Ana Romo Escribano, abogada, quienes fueron las encargadas de explicar cuáles son las barreras socio-legales a las que se enfrentan las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en España y las medidas que sería necesario tomar para garantizar el acceso a derechos y el bienestar integral de las víctimas y supervivientes.

Tras la presentación del informe, tuvo lugar una mesa redonda de expertas en la que se debatieron varias aspectos de “La nueva estrategia europea de lucha contra la trata (2021-2025)”, el refuerzo concebido por la Comisión Europea para conseguir que se implemente, de forma efectiva, el contenido de la Directiva 2011/36/UE (relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas).

La mesa fue moderada por Teresa de Gasperis, responsable del programa de trata de ACCEM, y en ella participaron, con ponencias individuales: María Naredo Molero, jurista, experta en DD.HH. y género y asesora del Ministerio de Igualdad; María José Castaño Reyero, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de Comillas (IUEM); y Carmen Martínez-Raposo Soria, referente de Programas de Trata y Atención Humanitaria en la Fundación Cruz Blanca.

“Todas las víctimas de trata son titulares de derechos”

Carmen Pombo Morales señaló que el objetivo de la organización que dirige es “transformar a través del derecho”. Con esta finalidad, la Fundación Fernando Pombo editará a finales de año, dentro del proyecto Rights For Change, “una guía de buenas prácticas y recomendaciones, dirigida a todos los operadores jurídicos, para eliminar barreras y defender los derechos de las víctimas” de trata con fines de explotación sexual.

Por su parte, Lidia García Alises enfatizó que “el Estado está dejando de proteger a 21.980 mujeres” si tenemos en cuenta que, en 2018, “se estimaba que se encontraban en España 22.000 mujeres víctimas de trata, de las cuales 600 fueron identificadas formalmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tan sólo 20 consiguieron el acceso a derechos que les permite una inserción plena en la sociedad española”.

Ana Romo Escribano defendió “una visión integral del fenómeno que incluya todas las formas de trata y a todas las víctimas, desde un enfoque interseccional”. La coautora del informe puso de manifiesto que el valor añadido del informe es “dar a conocer las dificultades de las mujeres con las que trabajamos”.

“Hay que atacar el modelo de negocio de la trata que genera 5 millones de € diarios”

Por su parte, Cristina Turégano Castellanos incidió en la necesidad de que exista una Ley Integral contra la trata dentro del marco jurídico nacional, una idea en la que han coincidido el resto de ponentes. María Naredo Molero, asesora del Ministerio de Igualdad, confirmó que, desde el ministerio, ya se están llevando a cabo trabajos preparatorios y “se piensa abordar la aprobación de una Ley Integral en la legislatura” que incluya las responsabilidades transversales con la creación de “la figura del Relator Nacional Independiente, del Mecanismo Nacional de Derivación y de un sistema de formación obligatoria a todos los eslabones de la cadena institucional que están en la respuesta contra la trata, para que tengan el enfoque de género, el enfoque interseccional y el de infancia necesarios”, a lo que debemos sumar “la perspectiva financiera, atacar el modelo de negocio” puesto que “la trata con fines de explotación sexual es un negocio enorme que genera 5 millones de euros al día”, según recoge la memoria de la Fiscalía de 2019.

Entre las preguntas que lanzaron las ponentes y las cuestiones que quedaron abiertas al debate, son fundamentales, en el ámbito legislativo, el tratamiento que se le va a dar al proxenetismo en sus diferentes formas y la regulación de los delitos finales de explotación, dado que no están tipificados, en el Código Penal español, ni la servidumbre ni la esclavitud laboral.

En cuanto al acceso a los derechos, se debe de poner en el centro a la víctima, evitando supeditarlos a la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Ley, como sucede en la actualidad.

Desde las entidades especializadas, como comentó Carmen Martínez-Raposo Soria basándose en la experiencia de la Fundación Cruz Blanca, se busca “dar soluciones a largo plazo mediante una intervención educativa y de formación para la inserción laboral, además de una intervención psicológica, tanto individual como, más importante aún, grupal”.

“Internet potencia la capacidad de los tratantes para captar potenciales víctimas de trata”

Por otra parte, en el ámbito digital, como señaló María José Castaño Reyero, Internet es visto, dentro del marco de la Estrategia Europea, como “potenciador de las capacidades de los tratantes para captar, publicitarse, controlar a las víctimas explotadas, comunicarse con otros tratantes y generar más ingresos”. Las dinámicas propias de la Red y la escasa regulación de este “espacio” ponen “en especial riesgo de ser captados por las redes de trata a niñas y niños”. Recordemos que, según datos de Amnistía Internacional, 1 de cada 4 víctimas de trata es menor de edad.

El reto, en este contexto, es “la detección de los contenidos en Internet” gracias a “las notificaciones que pueden llegar a través de la ciudadanía; el uso de tecnologías como PhotoDNA; y el diálogo con las empresas de Internet para conseguir la eliminación de los contenidos ilícitos de las plataformas”. Como cierre de su intervención, la investigadora del IUEM dejó en el aire una pregunta “¿Cómo se traduce el delito de trata al ámbito digital?” cuya respuesta, en su opinión, es más sencilla si se considera “Internet como un lugar y no como un negocio”.

Una de las tareas colectivas pendientes en relación con la sensibilización social acerca del fenómeno de la trata, expuesta por Carmen Martínez-Raposo Soria, es “quitarnos de la cabeza todos esos estereotipos [género, nacionalidad, raza, edad], porque víctima de trata puede ser cualquier persona”. Añadió que “todas las víctimas son titulares de derechos, hayan accedido o no a la identificación formal”. Ambas ideas también están presentes en el informe.

La conclusión fundamental, tanto del informe como de la jornada, refrendada por las ponentes que participaron en la mesa redonda, es que la lucha contra la trata con fines de explotación sexual precisa de un triple enfoque: de derechos humanos, de género y de infancia, atravesados, a su vez, por un enfoque interseccional.